Antonio Maira
Cádiz rebelde

El estado de guerra no se inicia con el atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono, viene desde muy atrás. Se va definiendo en un largo proceso en el que los EEUU realizan un plan deliberado para socavar y demoler el derecho internacional. Implantan en su lugar, como nuevo derecho sui generis para crear un orden nuevo, la voluntad de los propios EEUU. Washington establece las normas de comportamiento de los estados -que, como veremos posteriormente, no son iguales para todos-, la definición de delitos y delincuentes internacionales y la puesta en marcha de castigos.

La eliminación de la normas fundamentales del derecho internacional: respeto a la soberanía de los estados y a los tratados internacionales, igualdad jurídica de los estados, regulación de los conflictos a través de la Organización de las Naciones Unidas; y el establecimiento de un derecho-voluntad identificado con los intereses de los EEUU, ha conducido al uso prioritario de la fuerza en las relaciones internacionales.

En los últimos años, la guerra se ha convertido, para los EEUU, en un instrumento fácil de la política que ha sustituido totalmente, en las controversias que consideran importantes, a la diplomacia y a la negociación.. Su enorme superioridad militar y tecnológica les permite guerrear con la seguridad de la victoria militar y sin tener que pagar coste humano alguno. La guerra "sin bajas propias", con una capacidad de destrucción del enemigo, regulable y casi ilimitada, tiende a convertirse en el primer recurso del Imperio.

El "estado de guerra" permanente en el que vivimos, tiene su causa en la determinación de los EEUU de imponer un orden planetario en el que va impresa su hegemonía. Responde a la necesidad de mantener el control de un mundo como mercado abierto para las multinacionales y los grupos financieros. Tal mundo presenta elementos crecientes de una desestabilización provocada por el enorme crecimiento de las desigualdades y la pobreza, la ruina irremediable de países expoliados inclementemente por la deuda, y la creciente movilización política de las multitudes condenadas irremisiblemente a la miseria.

De un lado una guerra fácil del otro una protesta inevitable.

De un lado una superioridad militar reforzada por presupuestos militares colosales, que prohíbe, en cualquier circunstancia, la guerra contra los EEUU. Para el año 2002-03 la partida asignada al Pentágono ha sido de 379.000 millones de dólares, el 40% del presupuesto militar de todos los países del mundo, más de dos veces el de los cinco países que le suceden en ranking de los gastos militares. Del otro una resistencia a la política neoliberal tan creciente como el espectacular aumento de la desigualdad y de la pobreza. La revuelta es inevitable porque es ya una cuestión de supervivencia.

Guerra contra el derecho internacional

El cinismo teatral de Clinton

La subordinación a un derecho internacional común que regule las relaciones entre los estados es totalmente incompatible con la estrategia imperial de los Estados Unidos.

Sería un error atribuir a la administración republicana de Bush la puesta en marcha de un proyecto hegemónico de este tipo. De hecho las dos primeras expresiones claras de esa intención de prescindir de cualquier limitación al ejercicio del poder hegemónico aparecen durante la presidencia de Clinton. La guerra contra Yugoslavia es la primera, la Cumbre de la OTAN de Washington es la segunda. En la primera, los EEUU rompen deliberadamente las negociaciones de Drambuillet con exigencias absolutamente inaceptables como la de que Yugoslavia permita la ocupación militar de todo su territorio. Washington fuerza a sus aliados a una guerra que no cuenta con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En la Cumbre de la OTAN, realizada mientras la organización bombardea Yugoslavia, la ruptura con el derecho internacional se convierte en norma permanente de futuras intervenciones militares. La Organización Atlántica amplía su ámbito de actuación, define su derecho a guerrear sin limitación ni autorización externa alguna, establece como delitos internacionales perseguibles actividades que realizan en mayor grado que nadie sus propios miembros como fabricar armas de destrucción masiva, otras que tampoco le son muy extrañas como el terrorismo internacional, y otras más en las que se han aplicado intensamente, directamente o a través de intermediarios, como el genocidio.

La OTAN, es decir, los EEUU y sus comparsas que ya se habían autoproclamado "comunidad internacional", se atribuyen el derecho ilimitado de establecer los delitos y delincuentes internacionales, y declarar la guerra.

La ONU entra a partir de ahí en fase terminal.

La arrogancia natural de Bush

La administración republicana de Bush se limita a consolidar, en un plazo brevísimo, el nuevo estado de cosas y a darle a su autoridad sobre las normas y tratados internacionales una arrogancia especial.

Bush inicia su presidencia asumiendo con naturalidad la idea de que su poder internacional como presidente de los EEUU no está sometido a limitación alguna.

Hace además ostentación pública de ello. Lo demuestra realizando un ataque contra Iraq casi inmediatamente después de asumir una presidencia de origen tramposo. El César mata para aumentar su popularidad.

Aquel bombardeo masivo -los normales se hacen cotidianamente desde hace varios años- fue algo así como una "guerra de investidura" con el objetivo de rubricar la toma de posesión de un presidente muy discutido.

Las sucesivas decisiones de Bush no hacen más que confirmar que las caretas se consideran ya totalmente inservibles. El poder arbitrario tiene que ser ostentoso. Los EEUU asumen, sin tapujo alguno, una lógica de superpotencia.

En el campo de la solidaridad planetaria y el respeto al ecosistema en el que vivimos y vivirán generaciones posteriores, los Estados Unidos se han negado a firmar el Protocolo de Kyoto para la limitación de los gases de efecto invernadero. Después de años de negociaciones ellos anuncian su desprecio por los costes de la sociedad mundo, sobre todo cuando son la consecuencia de su avidez irrefrenable de beneficios.

Las armas de la guerra

Las decisiones de ruptura se suceden vertiginosamente. En primer lugar se reanuda el proyecto de Defensa Nacional Antimisiles que anula el Tratado ABM y cuestiona inmediatamente todos los acuerdos de limitación de misiles balísticos. Demuestra, al contrario de lo que dicen los Estados Unidos y reproducen sin comentarios los expertos de los medios, que Washington le ha perdido todo el miedo a la posibilidad de un ataque o de una réplica nuclear por parte de cualquier enemigo futuro. El Pentágono sigue trabajando para consolidar su modelo de guerra de destrucción masiva en el otro lado. La disuasión no es ahora una amenaza para evitar un ataque enemigo sino una intimidación o una decisión de ataque demoledor para forzar la voluntad de un país "díscolo".

La nueva administración republicana se ha negado a firmar el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares y a declarado su intención de poner fin a la moratoria nuclear. El propósito se hace visible cuando el Pentágono anuncia la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo y fabricación de pequeñas armas nucleares diseñadas para explotar a algunas decenas de metros de profundidad bajo el suelo. Se trata de "perseguir a las alimañas en sus agujeros" -como se diría en el lenguaje que deleita a Donald Rumsfeld y a Paul Wolfovitz-, de liquidar centros de mando o de gobierno, o líderes poco sumisos en el Tercer Mundo. Claro que no deben de asustarse ustedes, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado a la feliz comprensión de los grandes medios de comunicación que se trata de armas nucleares "sin daños colaterales". No muchos más que los de los proyectiles de uranio empobrecido.

Monopolio de la violencia o la soberanía del Imperio

Sin duda es en el tema de las armas de destrucción masiva -cuya investigación o fabricación por los "otros" es considerada como un casus belli por los Estados Unidos y por la OTAN- en el que el "derecho" imperial aparece con más descaro. Los EEUU se han negado a firmar el protocolo sobre el Tratado de Prohibición de las Armas Químicas y Biológicas. También han anunciado el desarrollo de un enorme proyecto para fabricar armas bacteriológicas.

Los argumentos empleados en la defensa de tales medidas extreman el cinismo con el que Washington se dirige a los gobiernos, medios de comunicación y ciudadanos del mundo. Saben que sus medidas no van a ser discutidas ni van a provocar escándalo alguno. Los medios de comunicación, pese a la enorme "sensibilidad" con la que reaccionan, en otros casos, ante la denuncia de hechos más que dudosos y desde luego mucho menos graves que estos -por ejemplo la reiterada acusación a Irak de ser fabricante de armas de destrucción masiva-, no alborotarán en absoluto a la opinión pública. Los EEUU dicen no firmar el protocolo del Tratado de prohibición de Armas Químicas por tres "razones": la primera es que el tratado afecta a su seguridad -la del país más poderoso del mundo-; la segunda es que sus procedimientos de verificación e inspección no aseguran contra la posibilidad de fabricación por países como Iraq -que ha sido, durante años, el país más registrado, y ahora es el más vigilado del mundo-; la tercera es que las verificaciones y controles "afectan a la confidencialidad de la producción química, farmacéutica, biológica o bacteriológica de las empresas, centros de investigación o laboratorios de los Estados Unidos". Expresado con brevedad la cosa es como sigue: los Estados Unidos, y sólo ellos, necesitan las armas de destrucción masiva para su seguridad, ningún tratado garantiza contra la maldad de los "rogues state" - estados delincuentes-, y la confidencialidad de la industria norteamericana está por encima de cualquier acuerdo para la seguridad del planeta.

En las mismas semanas en las que el gobierno Bush anunciaba su propósito de "descontrolar" su investigación, desarrollo y fabricación de armas químicas y biológicas, el Pentágono hacía público el desarrollo de un gran programa de producción de armas bacteriológicas de máxima virulencia -ántrax genéticamente modificado-. La puesta en marcha había sido acordada después de consultas a los abogados de la Secretaría de Defensa que, naturalmente, habían indicado que el proyecto estaba "en el límite de la legalidad internacional" pero se mantenía dentro de ella. No se hizo público si los abogados y políticos habían analizado el límite ético de una decisión como ésa. En todo caso la feliz idea salvó sin dificultad alguna las aguzadas conciencias de los dirigentes políticos y de opinión de los países de occidente. Sin duda todos ellos fueron convencidos por las razones del gobierno de los Estados Unidos. El ántrax made in USA, era, al contrario de cualquier otro fabricado en el mundo, un benéfico instrumento humanitario: permitía analizar los efectos mortíferos del ántrax menos perfeccionado que eventualmente pudiese fabricar otros países más salvajes.

Responsabilidad imperial y "destino manifiesto"

A toda esta avalancha de medidas imperiales que adoptadas, aún en grado mínimo, por otro país cualquiera provocarían una histeria mediática ensordecedora, son tratadas en los medios de comunicación con la discreción que reclaman las decisiones soberanas. Por eso los expertos se refieren eufemísticamente al "unilateralismo" estadounidense.

La justificación de esta conducta internacional desde su propio agente es mucho más clara y tampoco es nueva. La secretaria de Estado con Clinton, Madeleine Albright, utilizaba indistintamente dos ideas sobre el derecho internacional. Parecía repetir un axioma indiscutible. Según la primera de ellas, tal cosa era identificable, así, sin más, con los intereses de los EEUU. En otras ocasiones, cuando Madeleine se sentía más conciliadora, el derecho internacional se vinculaba también a la voluntad de ese país pero mediatizada, eso sí, por la "responsabilidad internacional" que pesaba sobre los EEUU. Colaba mejor esa versión suavizada de la teoría imperial mas dura del "destino manifiesto" que ha rondado siempre entre las concepciones propias del partido republicano.

Powell, que ocupa el mismo cargo con Bush, se ha referido siempre a la "justificación" pragmática de la guerra: cuando los intereses vitales de los EEUU están en juego. Ni la menor mención en ninguno de ellos sobre la existencia de limitaciones jurídicas o éticas.

Natural el poder, natural la obediencia

Pero también hay naturalidad en la obediencia. La UE y todos los países europeos por separado al reiterar su conformidad con todas las decisiones de la superpotencia, incluso con las más escandalosas, van creando una práctica que resulta enormemente importante para los EEUU. Le permite ejercer un monopolio informativo y la manipulación sin resistencias de la "opinión pública". Los gobiernos europeos adoptan una postura de "consenso sumiso" ante el ejercicio abierto del poder imperial.

La lógica de tanta servidumbre es, no obstante, impecable. Los EEUU representan en estos momentos, con más exactitud y más poder que nadie, el modelo único del capitalismo neoliberal, una vez producida la claudicación completa del modelo socialdemócrata del estado de bienestar. Y, por lo tanto, también su garantía en un mundo agitado por una debacle social con visos de catástrofe. En estos momentos las crisis catastróficas parecen inevitables ya que una de las características de ese modelo es que asume, como si de la expresión de la providencia divina se tratase, el resultado real de la operación del mercado, es decir, el aumento gigantesco de la pobreza.

Fomento del terrorismo...

Los EEUU han impuesto la ley de la selva porque se saben los más fuertes.

Pocos meses antes del 11 de septiembre el Congreso se preparaba a aprobar una curiosa ley denominada "Ley de invasión de La Haya". Estaba dirigida a impedir que los Estados Unidos ratificasen el tratado de creación del Tribunal Penal Internacional. La ley internacional, venían a decir los legisladores, no "invadirá" los EEUU.

El Tratado de Roma, de creación del Tribunal, firmado por una enorme mayoría de los países del mundo, trataba de perseguir los delitos más atroces:
el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la Humanidad, estableciendo la definición de estos delitos y un procedimiento penal que no pudiese ser bloqueado por los países más poderosos del mundo.

La llamada "Ley de invasión de La Haya", que trataba de impedir que ninguna autoridad de los EEUU y de los países aliados pudiese ser detenida por el tribunal y sometida a juicio, podría, con propiedad, denominarse: "Ley contra la imputación de los delitos de Genocidio, Crímenes de Guerra o Crímenes contra la Humanidad a funcionarios de los EEUU y de los países aliados" o, con más rigor todavía: "Ley de Fomento del Genocidio, los crímenes de guerra y los delitos contra la Humanidad", o simplemente, "Ley de fomento del terrorismo".

A pocas semanas del 11 de septiembre el Congreso de los Estados Unidos se disponía a proteger públicamente a los responsables de los mayores delitos concebibles, englobables todos ellos en cualquier definición razonable de terrorismo. Y no había ni la menor ambigüedad en el texto legal que decretaba los siguiente:

Los Estados Unidos no participarán en misiones de paz de la ONU si éstas no establecen, expresamente, la inmunidad de sus militares.

El presidente de los Estado Unidos podrá utilizar la fuerza para liberar a estadounidenses o ciudadanos de países aliados detenidos por el Tribunal Penal Internacional.

Los Estados Unidos impondrán sanciones a aquellos países -no pertenecientes a la OTAN puntualiza el texto- que ratifiquen el Tratado del Tribunal Penal Internacional. Las sanciones anunciadas en el texto legal son las de suspensión de los créditos y planes de ayuda militar, pero ésa es la fórmula usual que puede conducir a otras sanciones más duras como el bloqueo de créditos de las instituciones internacionales. Un poderoso instrumento de coacción, en cualquier caso, dirigida contra los países que hayan asumido un compromiso colectivo de persecución judicial de los delitos más horrendos, los que sin duda podrían calificarse de terrorismo.

Uno de los "detalles" a primera vista triviales o poco comprensibles del texto -esa "protección" otorgada a los funcionarios y presuntos genocidas de "países aliados"-, enmascara una intención que casi todo el mundo puede considerar poco menos que inconcebible. Los EEUU anuncian su disposición a proteger a genocidas, criminales de guerra y criminales contra la Humanidad, incluso cuando no son ciudadanos norteamericanos y cuando los gobiernos de sus propios países aceptan la jurisdicción del tribunal. El propósito es claro, Washington protegerá a los genocidas cuando hayan actuado de acuerdo con una estrategia terrorista de los propios Estados Unidos. Puede pensarse en que futuros personajes como Pinochet, Videla o Suharto, agentes de una política de terror local e instrumentos de una estrategia represiva global, serán protegidos por los EEUU.

La "Ley contra la invasión de La Haya" recogía la postura de un grupo amplio de políticos, máximos responsables de la política exterior durante las presidencias de Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush y Clinton, manifestada en una carta enviada al Congreso en el año 2000. La firmaban los ex secretarios de Estado Henry Kissinger, Lawrence Eagleburger, George Shultz y James Baker; los ex secretarios de Defensa Gaspar Weinberger y Donald Rumsfeld; los ex asesores de Seguridad Nacional Brent Scowcroft, Zbigniew Brzezinski y Richard V. Allen; los ex directores de la CIA R. James Woolsey y Robert M. Gates, y la ex embajadora Jeane Kirkpatrick.

Decían lo siguiente:

El Tribunal Penal Internacional es "una amenaza a la soberanía estadounidense y la libertad internacional de acción", "como ex altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos... creemos que es igualmente importante que el presidente, sus secretarios de gabinete y otros hacedores de política de seguridad nacional no deban tener la fiscalización criminal internacional al realizar sus tareas".

"el riesgo de fiscalización criminal internacional seguramente enfriará la toma de decisiones dentro de nuestro gobierno, y podría limitar la voluntad de nuestro liderazgo nacional de responder con fuerza ante actos de terrorismo, agresión y otras amenazas contra los intereses estadounidenses".

"Creemos que el liderazgo estadounidense en el mundo sería la primera baja del Tribunal Penal Internacional. En el clima actual, lo último que necesitan los líderes de Estados Unidos es una razón más para no responder cuando los intereses de nuestra nación son amenazados". "Creemos que es esencial que el personal militar de nuestro país esté seguramente fuera del alcance de un fiscal internacional que no rinde cuentas y opera bajo procedimientos inconsistentes con nuestra Constitución".

...y guerra antiterrorista

Después del 11 de septiembre el terrorismo pasó de actividad protegida cuando sus autores fuesen funcionarios del gobierno de los Estados Unidos o de los países amigos, a ser delito máximo, de concepto indefinido en códigos o acuerdos internacionales pero concretado a partir de la catalogación de los delincuentes, y objeto de persecución internacional obligatoria. Tanto la designación de los grupos terroristas y de los países que los apoyan, como el establecimiento de la obligatoriedad de la represión universal de esos grupos, han sido impuestas unilateralmente por los EEUU.

Los Estados Unidos, que llevaban años mutilando, burlando y violando el derecho internacional, han lanzado una gigantesca campaña mundial que al nacer fue denominada "Justicia Infinita". Nada menos.

Lo que interesa destacar aquí es la clara voluntad de no aceptar limitación alguna en la acción internacional de los Estados Unidos -nos referimos a delitos horrendos y masivos: genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad- a la que responde la carta de los grandes tiburones políticos que hemos mencionado. Ellos han fijado, durante cerca de treinta años, el verdadero contenido "moral" de ese gran paladín de la libertad de los negocios y de la democracia de mercado.

La trivialización de la guerra

Los EEUU han convertido la guerra en un hecho trivial que puede ponerse en marcha sin demasiados quebraderos de cabeza.

Desde la guerra del Golfo pero sobre todo desde la guerra contra Yugoslavia, el ejército estadounidense, solo o acompañado, puede hacer la guerra a distancia de seguridad, sin sufrir quebranto alguno, sin tener ninguna baja, pero causando daños ajustables: "livianos" si se trata sólo de elevar la popularidad de un presidente o de recordar con un ataque aéreo la impunidad con la que Washington castiga; tremendos, casi ilimitados, hasta la destrucción completa de un país, si así lo dispone el gobierno de Estados Unidos.

El carácter específico que tiene para ellos ese terrorífico instrumento que es la guerra, hace que estén dispuestos a llegar hasta el conflicto armado por cualquier motivo. La guerra es fácil para ellos, fácil, rápida y enormemente resolutiva. De ahí la enorme arrogancia del discurso imperial en los últimos años.

Condolezza Rice, asesora de seguridad de Bush, afirma ser "favorable a la intervención militar de Estados Unidos en caso de peligro confirmado o potencial para nuestros aliados". La misma asesora, miembro del Consejo Nacional de Seguridad, justificaba la aprobación del proyecto de Defensa Nacional Antimisiles (una recuperada guerra de las galaxias) diciendo: "ningún presidente norteamericano debe estar dispuesto a aceptar el chantaje nuclear a Estados Unidos". El razonamiento es claro: todos los demás países pueden y deben ser chantajeados por los Estados Unidos a los que sin embargo no les puede alcanzar amenaza alguna.

Los modos de la guerra

Después del 11 de septiembre, con el fervoroso asentimiento de los gobiernos europeos, los EEUU llegaron al magnífico invento de la guerra interminable. Sin límites espaciales ni temporales. Sin criterios aceptados sobre la guerra justa.

Guerra perpetua contra enemigos indefinidos o, mejor dicho, contra enemigos señalados en cualquier momento. Chantaje y guerra permanente para ajustar la resignación de todos los pueblos a la voluntad de Washington. Una guerra que va a llevar la ferocidad hasta límites insospechados. La "sensibilidad autoritaria" condiciona la intensidad y la brutalidad de la guerra. También la condiciona la impunidad absoluta del "combatiente", infinitamente más fuerte, y su costumbre de doblegar a los enemigos. Las guerras del futuro van a reproducir las campañas de castigo, las matanzas coloniales.

Estado de excepción mundial permanente bajo la arbitrariedad y la autoridad de Washington. El no va más del poder despótico que ha dado -como decía con claridad y razón Fidel Castro- un golpe de estado mundial el día en el que Bush hizo la declaración de guerra universal ante el Congreso.

Las guerras de la guerra

Los EEUU y sus aliados europeos están intentando, y consiguiendo, imponer un sistema represivo universal bajo la cobertura de la "lucha antiterrorista".

El estado de guerra viene determinado por varios factores:

En primer lugar el intento de restablecer las condiciones de supremacía indiscutida y el modelo de guerra -sin bajas propias y en el exterior del territorio norteamericano- que tan minuciosamente habían establecido antes de los ataques del 11 de septiembre.

"Sin aviso alguno, en una hora corriente de un día cualquiera, los hechos afirmaron algo totalmente inaudito: que la guerra había entrado y podía volver a entrar, con niveles muy altos de destrucción y gran número de víctimas civiles, arrasando los mayores símbolos de poder, en el mismísimo territorio de los Estados Unidos.

Sobre la absoluta imposibilidad de que esto ocurriera estaba diseñada una estrategia de dominación extremadamente agresiva y toda una política internacional que desde hace años rompía negociaciones, acuerdos, tratados y conciertos"

En segundo lugar, la evidente crisis catastrófica del modelo neoliberal en el Tercer Mundo, especialmente en América Latina. Lo más peligroso de esta crisis, para los Estados Unidos, es que no puede encontrar ningún chivo expiatorio. Ha sido absolutamente autogenerada por la gestión económica de las élites políticas que ha seleccionado el mercado electoral. Esa gestión económica se hizo, además, con obediencia plena a la ortodoxia económica determinada y dirigida por las instituciones internacionales. Las crisis tienen nombre completo: EEUU, Fondo Monetario Internacional, oligarquías locales, política neoliberal. El rey se ha quedado desnudo.

El recurso exclusivo al aparato militar para mantener las condiciones económicas del neoliberalismo es evidente. Y también lo es que los dirigentes "occidentales" son plenamente conscientes de que el sistema, incapaz ya de fabricar "consenso", necesita de unos niveles altísimos y sistemáticos de violencia.

La guerra -universal, perdurable y dirigida contra toda posible disidencia: estados, organizaciones o individuos- fue el centro del discurso de Bush sobre el estado de la Unión. Y el discurso se hizo materia con el último presupuesto del Pentágono para la etapa 2002-03: casi 400.000 millones de dólares. Una cifra verdaderamente gigantesca para asegurar la supremacía militar absoluta frente a cualquier alianza internacional improbable o imposible.

La guerra exterior, global, tanto militar como policial, está regida por el mismo principio que la economía: la exclusión. Son los excluidos, los desesperados, los rebeldes: "rogues states" u organizaciones revolucionarias -no Ben Laden- los principales enemigos. También el principio de exclusión rige en la guerra interna.

Cuando la pobreza y la marginación se hacen intolerables la "guerra contra el terrorismo", lanzada por los Estados Unidos y sus aliados, es la versión internacional de una guerra no declarada contra los pobres que tiene lugar en todos los países del mundo. Crece la pobreza, la desigualdad escandalosa y la miseria: "Barrios sensibles" y "rogues states".

Estado de guerra.